A través de estas líneas pretendo alertar de la deriva surgida alrededor de este curioso fenómeno, nacido como consecuencia de la actual crisis económica de la que casi todos, en mayor o menor medida, somos víctimas.
Estoy hablando de esas parejas asfixiadas por las deudas que fingen una ruptura afectiva para salvar de los embargos judiciales sus bienes más valiosos, principalmente el domicilio conyugal. Así, mientras una de las partes asume las deudas y algunas pertenencias sobrevaloradas, la otra pone a buen recaudo el contenido patrimonial más relevante.
El trámite es rápido y no entraña excesiva dificultad. Basta con hacer dos lotes de gananciales, firmar el documento correspondiente y presentarlo en el Juzgado. La pareja se divorcia legalmente y listo. Sin embargo, el hecho cierto es que ambos siguen conviviendo con normalidad y, con permiso de los detectives privados contratados por los económicamente afectados (y burlados), nadie tiene por qué enterarse. Además, en el hipotético caso de ser descubiertos, ¿quién puede reprocharles que se estén dando una segunda oportunidad?
A priori, parece tan simple como un juego de niños. Pero, en honor a la verdad –y también a la legalidad–, no es tan sencillo como parece. Existen cuestiones técnicas ineludibles para salvaguardar el equilibrio y dotar al procedimiento de cierta credibilidad, sin olvidar ulteriores obligaciones fiscales. Para ello, resulta básico el asesoramiento de un experto en la materia. En caso contrario, se estaría coqueteando con la ilegalidad y hasta con el delito y conviene no olvidar que la mentira tiene patas cortas.