A raíz de la decisión de aforar al Rey Juan Carlos, se ha creado un extenso debate sobre quién debe tener esta consideración especial y en qué casos.
Los aforados son personas que, por su profesión o por ejercer un cargo público, tienen el derecho, en caso de ser imputados por un delito, a ser juzgados por un tribunal diferente al que correspondería a un ciudadano cualquiera.
El motivo del aforo es evitar las presiones políticas a las que podría verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad, ya que se entiende que un tribunal superior es más independiente.
En España hay unos 10.000 aforados, 2.000 de los cuales corresponden a cargos políticos, según el Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales.
Entre ellos se encuentran miembros del Gobierno, como diputados y senadores (recogido en la Constitución), altos cargos del ámbito judicial, como el Presidente del Tribunal Supremo (recogido en la Ley orgánica del Poder Judicial), o las Fuerzas y Cuerpos del Estado. Estos últimos deben ser juzgados por Audiencias Provinciales en caso de delitos cometidos en ejercicio de su cargo.
Fuente:www.arag.es