La alimentación de una lactante próxima a cumplir un año sufrirá una importante alteración con motivo del régimen de visitas impuesto por el Juzgado de Primera Instancia de Mataró, en el marco de las medidas provisionales establecidas en la demanda de divorcio de sus padres. Si bien ha dictaminado que la guarda y custodia de la niña corresponde a la madre, la magistrada ha remarcado que la potestad es de ambos progenitores, con lo cual varios días a la semana mientras vaya a la guardería, y también durante las vacaciones, la pequeña deberá dormir en casa de su padre. Esta decisión judicial impedirá que la menor se alimente de leche materna como hasta ahora.

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) obliga a los jueces a que escuchen a los hijos de la pareja al discernir sobre la custodia. El Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España a indemnizar a una mujer con 6.400 euros por los daños morales sufridos y 2.000 más por las costas judiciales, después de que la Justicia española decretara la custodia compartida de sus hijas.

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La Generalitat de Catalunya ha decidido abaratar el divorcio ante notario para las parejas sin hijos, a partir de una nueva bonificación del impuesto de actos jurídicos documentados. En la práctica, según fuentes periodísticas, se elimina el pago del impuesto, en vigor desde el mes de julio del 2015 con la ley de jurisdicción voluntaria, que autorizó a los notarios a firmar divorcios sin acudir a la vía judicial.

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España cuenta con la mitad de jueces y fiscales que la media de los estados europeos por cada 100.000 habitantes, según se desprende de los datos del informe 2016, publicado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ). Se trata de un informe que analiza los sistemas de 45 países europeos y las últimas cifras armonizadas se remontan al año 2014, cuando en España había 12 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea establecida en 21 magistrados.

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El Tribunal Supremo, en una nota del pasado 3 de octubre y que recoge dos sentencias de 29 y 30 de septiembre de 2016, se ha pronunciado sobre la retroactividad de la reclamación de alimentos cuando se reconoce judicialmente la filiación paterna.

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